Se reúne CEDHBCS con las Secretarías Ejecutivas del Sistema de Justicia Penal y Anticorrupción

Elías Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDHBCS, Anselmo Santo Mendoza, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el estado y Claudia Angulo Castro, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur.

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Elías Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDHBCS, Anselmo Santo Mendoza, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el estado y Claudia Angulo Castro, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur.

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LA PAZ, B. C. S.- El ombudsperson en la entidad, Elías Manuel Camargo Cárdenas, recibió en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBCS), a Anselmo Santo Mendoza, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el estado y a Claudia Angulo Castro, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur.

En el encuentro se abordaron diversos temas, éstos relacionados los objetivos, líneas de acción y estrategias correspondientes al Eje de Política de Paz y Seguridad del Plan Estatal de Desarrollo.

En este sentido, el titular de la CEDHBCS manifestó que, la participación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, son indispensables para el funcionamiento óptimo del Sistema de Justicia Penal en el Estado, a fin de garantizar la supervisión y protección de los derechos de todas las personas que intervienen en el proceso penal.

Por su parte, el secretario Ejecutivo, Anselmo Mendoza indicó que en breve se estará haciendo la propuesta que plantea la integración de órganos especializados en derechos humanos y combate a la corrupción como integrantes activos a la “Comisión de Consolidación del Sistema de Justicia Penal para el Estado de Baja California Sur”, órgano encargado de las políticas públicas y de la coordinación Estatal necesaria que permita el adecuado y correcto funcionamiento del Sistema de Justicia Penal en el Estado.